Interrupciones y trabas; realidades del aborto en México

En el número161 de la calle Bahía de Magdalena, detrás de una fachada azul que bien podría pasar por una casa más de la colonia Verónica Anzures o por una clínica de abortos clandestinos, se encuentra el Centro de Ayuda para la Mujer (CAM), uno de los 40 centros con el mismo nombre distribuidos en todos los estados de la República, y que a su vez forman parte de una cadena de Centros, todos ellos financiados por la organización Provida, y cuyo alcance es de todo el Continente Americano y parte del Europeo.

Ahí llegó Carolina, acompañando a sus dos mejores amigas (cuyos nombres pidieron no ser revelados). Habían dado con el lugar tras recibir información en un módulo ubicado en las afueras del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, Estado de México (uno de los 10 módulos ubicados afuera de 10 de las 11 clínicas del Sector Salud de la Ciudad de México), en donde se les dijo que en dicho lugar (el CAM) podrían recibir “ayuda” para su problema: ser mujeres menores de edad, una con seis semanas de embarazo y la otra con ocho, ambas con deseos de abortar y sin el conocimiento por parte de los padres de dicha situación, mucho menos con su consentimiento.

A pesar de que las recientes reformas a la ley en materia de aborto, aprobadas el pasado 24 de abril, permiten dicha práctica hasta antes de las 12 semanas del embarazo y que dichas reformas se lograran en parte gracias al argumento de buscar terminar con docenas de clínicas clandestinas que provocaban la muerte de cientos de mujeres en todo el país, la existencia de estos lugares ilícitos siguen siendo una realidad. Las razones: una ley insuficiente, pues contempla sólo parcialmente los casos de las mujeres menores de edad y no penaliza a quienes ponen trabas a la interrupción legal del embarazo, y la ignorancia de la cual se aprovechan “demonios y santos” por igual.

Los “Demonios”

Tanto el gobierno como las instituciones y asociaciones civiles relacionadas con el tema del aborto desconocen el número exacto de clínicas ilegales existentes, así como el número de abortos que practican. Sin embargo, fuentes como el Consejo Nacional de Población (CONAPO) aseguran que para 1995 el número aproximado de abortos inducidos en el país era de 110, 000; otras cifras, como las del Instituto Alan Guttmacher hablan de 533,100; en lo que la mayoría de los registros coincide es en que ésta es la tercera causa de defunción materna en nuestro país. Y lo que para algunos es un foco rojo en materia de mortandad, para otros es un negocio redondo.

A pesar de que a raíz de la aprobación de las leyes a favor del aborto han reducido considerablemente el número de interrupciones ilegales del embarazo (se calcula que entre el 2005 y 2006 se presentaron unos 28,000 legrados en clínicas y hospitales privados), lo que implica una menor demanda del servicio que otorgan las clínicas clandestinas, el precio que éstas manejan por cada interrupción no ha variado mucho de la media del precio que tenían antes de ser aprobada la ley. De acuerdo con estos lugares, por un mínimo de 4,300 pesos y de hasta 8700 pesos, en hospitales de mayor calidad o en intervenciones más riesgosas (mujeres con más de 12 semanas de gestación), cualquier mujer puede asistir a practicarse un aborto sin la necesidad (en algunos de los casos) de contar con el permiso de los padres o de cualquier adulto e incluso sin siquiera comprobar la propia identidad; basta con tener el dinero y algunos estudios clínicos de rigor (examen de sangre y ultrasonido) y en menos de 30 minutos se extrae el producto, sin riesgos durante y después de la intervención.

Contrastante con el supuesto servicio que estos médicos clandestinos ofrecen, están las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 70 mil mujeres que perecen cada año en todo el mundo a causa de interrupciones del embarazo mal practicadas, lo que representa 191 mujeres muertas por día.

Los “Santos”

Mientras Carolina espera a sus amigas en la recepción de lo que parecía ser una clínica abortiva, ellas están en el segundo piso del recinto y las atienden “especialistas” del Centro. El protocolo es el mismo para ambas: una plática con una mujer de profesión no identificada, que les muestra un video del proceso de gestación del ser humano y de lo que ella denomina “el proceso de destrucción de la vida humana antes del parto”, conocido popularmente como aborto inducido; una conversación con un supuesto médico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), cuya cédula, título profesional y grado de especialidad no es ni remotamente observable y su disposición para otorgar dicha información es sutilmente sórdida (pues él asegura que estos datos no los puede verificar cualquiera), y un ultrasonido realizado por él y a través del cual, según su interpretación del estudio, puede verse ya al bebé con sus pequeños miembros y nadando dentro del vientre materno; “el milagro de la vida” dice, refiriéndose a unas manchas grises y difusas que se muestran en la pantalla del aparato de ultrasonidos, que con un poco de imaginación pudieran parecer un ser humano.

El objetivo de toda esta parafernalia, evitar el aborto por todos los medios psicológico-emocionales a su alcance; los resultados obtenidos con ambas amigas de Carolina comprueba la eficacia del método; en palabras de ella “van a ser mamás”, y se sumarán a los más de 450 abortos, que “con la ayuda de Dios”, han evitados desde la aprobación de las reformas a la interrupción legal del embarazo, según cifras y palabras de la misma institución.

Lo que falta

La Secretaría de Salud es la Institución responsable de garantizar la protección en materia de salud y el acceso de atención médica a la población residente en el Distrito Federal. Sin embargo, dicha responsabilidad se ha visto limitada en sus acciones por la falta de un sistema jurídico que planteé, en materia de legislación, la protección de TODA la población; dejando a rezagadas en la cuestión a un sector sumamente vulnerable de la sociedad, que son las mujeres embarazadas, menores de edad que ponen su vida en peligro al practicar abortos en clínicas clandestinas.

Mientras que algunos países como Francia establecen en sus leyes el derecho que tienen las menores de edad de decidir abortar sin el consentimiento de los padres, y la penalización para quienes pongan trabas a la interrupción legal del embarazo (tanto en la toma de decisión de abortar por parte de la mujer, como en el proceso abortivo), en México apenas estamos comenzando a avanzar, aunque con pasos enormes, en el tema, asegura Martín Vera, miembro del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y encargado del acervo documental de la institución.

Auque las cifras actuales contrastan en gran medida con las obtenidas en años anteriores, que hablan de que tan sólo en 2001 los egresos hospitalarios por esta causa entre niñas de 10 a 14 años representaron 3.7% del total, con 733 abortos, mientras en el grupo de adolescentes de 15 a 19 años se atendieron 15 mil 871 casos, 8.2%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, la renuente existencia de clínicas clandestinas de abortos y de grupos con tintes de derecha que buscan frenar el avance de los logros en la materia, son la prueba ferviente de que aún falta mucho por hacer, asegura la encargada de la Coordinación de Asesoría Jurídica y Orientación Integral del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Ana María López Dzib. Con respecto a las clínicas ilegales, afirma que lo que se necesita es la denuncia por parte de la sociedad civil; con respecto a la segunda cuestión, hace falta un arduo trabajo y lucha para lograr que se amplíen los parámetros de nuestras leyes.